Las redes europeas piden a la UE que garantice un mercado laboral inclusivo

Seis redes, la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad (EASPD), el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), la Red Europea de Empresas de Integración Social (ENSIE), la Plataforma Europea de Rehabilitación (EPR), la Asociación Europea para el Empleo con Apoyo (EUSE) y Workability International, piden a la Unión Europea que actúe en relación con el empleo de personas con necesidades de apoyo, como las personas con discapacidad que siguen estando enormemente infrarrepresentadas en el mercado de trabajo.

Según EU-SILC 2018, sólo alrededor del 50% de las personas con discapacidad están empleadas en la UE-27, cifra muy inferior a la tasa media de empleo de las personas sin discapacidad. La tasa de empleo de las mujeres con discapacidad es inferior a la de los hombres con discapacidad (47,8% frente a 54,3%).

Las recomendaciones a los y las responsables de la formulación de políticas de la UE que figuran en la declaración conjunta incluyen las siguientes medidas:

• Incentivar la innovación en la construcción de un mercado laboral inclusivo
• Impulsar la generación de oportunidades para las personas con más necesidades de apoyo en el mercado laboral 
• Apoyar a las entidades empleadoras, y especialmente a las pequeñas y medianas, para fomentar la coproducción de políticas basadas en la participación activa de las personas con necesidades de apoyo
• Estimular el crecimiento de los conocimientos, las investigaciones y los datos, todo ello encaminado a mejorar las oportunidades de empleo
• Trabajar con los Estados miembro para fomentar la reestructuración de los sistemas de protección social para proteger realmente a todas las personas trabajadoras, así como para crear nuevas oportunidades
• Apoyar la creación de un ecosistema facilitador de servicios de apoyo con una financiación sostenible, marcos jurídicos estables y la participación estructural de todos los agentes interesados tanto a nivel de la UE como a nivel nacional.

La crisis de COVID-19 afectó de manera desproporcionada a la mayoría de los grupos en situación vulnerable, en particular a las familias con hijos, las personas con discapacidad y los nacidos fuera de la UE, exponiéndolos a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Las importantes repercusiones de COVID-19 en las economías están dando lugar a pérdidas de puestos de trabajo y a un mayor desempleo. Es probable que el empleo de las personas con discapacidad se vea más afectado y disminuya aún más sin una intervención proactiva.

Por consiguiente, los intereses de las personas con necesidades de apoyo y las recomendaciones enumeradas en la declaración conjunta deben tenerse en cuenta en cualquier medida de estímulo económico y en las decisiones de política que adopte la UE en relación con la actual crisis de COVID-19. Esto se aplica particularmente al desarrollo de la próxima Estrategia Europea sobre Discapacidad y el Plan de Acción sobre la Economía Social, así como a la utilización de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE.

Leer la declaración conjunta